Derecho a la reinserción. ¿Derecho o falacia constitucional?

Hace tiempo que no escribo, ya que el montaje y traslado de las maquina de Fenixer Interactiva me ha consumido más de lo deseado. Pero hoy, tras una lectura el articulo de El País El asesino del rol quiere volver a la calle, y alguna que otra cuestión de índole personal, donde vuelven a juntarse mis fantasmas del pasado, encarnados por algún bobo y alguna pedorra, me hacen sentir la necesidad de escribir sobre la reinserción social.

Algunos no se acordarán de Javier Rosado, el asesino del rol, que el 30 de abril de 1994 asesto 18 puñaladas a Carlos Moreno, cercenando su vida y la de sus familiares.

Bien, ahora una vez más comienza la parafernalia y el debate, entre el cumplimiento de la ley, del acatamiento a nuestra norma constitucional, o la de la venganza social, (sin animo de ofender a la victimas por favor).

Un debate planteado como siempre, por un periodismo (que casualidad que esta vez le toca a a El País, que defendió profusa y difusamente la libertad de De Juana, tal y como debía hacer en su papel de voceros del poder establecido, como hijos predilectos del Grupo PRISA)

Lo primero que me llama la atención del artículo es que se habla y se habla de la falta de reinserción social manifestada por el Fiscal y el Juez de Vigilancia Penitenciaria, aduciendo su inteligente sicopatía y que de forma reiterada siempre se han negado a concederle permisos penitenciarios, que imagino habrá obtenido base de recursos contra el Juzgado de Vigilancia, en Amparo ante la Audiencia Provincial correspondiente, quien se los ha concedido, haciendo buen uso de los mismos.

El articulo no habla si no de forma su generis de la falta de arrepentimiento del penado, siempre desde la óptica de una junta de tratamiento, pero sin diseccionar el articulo, si esta fundamentada correctamente, al menos desde un plano psicológico o criminológico, y no del consabido, “por unanimidad” tan típico de estas juntas.

Entramos una vez más en colusión con nuestra norma constitucional, cuando se deniega la obtención de beneficios penitenciarios, en base a lo que bien podríamos llamar leyes preventivas, que últimamente han proliferado, y basadas, en “prevenir el delito y castigarlo antes de que se cometa” eso si ocultas bajo el palio de la legalidad, pero de dudosa constitucionalidad.

No quiero entrar en el debate de sobre Javier Rosado, esta o no reinsertado, o de si supone o no un problema para la sociedad, ya que eso no me corresponde a mi, ni tan siquiera a la victimas, sino al estado de derecho sobre el que cargo este mi artículo.

Es curioso, que ese estado de derecho, que uso su sistema judicial para no declarar sicótico al condenado, privando a la sociedad y a el mismo de otra forma de internamiento, el mental, que no nos haría plantear a estas alturas su derecho a la reinserción, con independencia o no de sus actos, sino de la cualidad de estar cuerdo o no. En su defecto, el tribunal sentenciador, opto por condenarle, bajo la premisa de considerarle, científicamente probado, ser un “psicópata muy inteligente” (que no sicótico) ”que sabe discernir entre el bien y el mal”.

Esta condena y esa formula usada entonces, permiten tratar al penado, según nuestra Constitución como una persona con derecho a la reinserción social, y su castigo ha de tener ese fin primordial.

Artículo 25 de la Constitución Española
2.- Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.

Sin embargo ahora y pese a haber estudiado tres carreras, su compañero de causa en libertad desde hace muchísimo años, y con la vida rehecha, la sociedad, los medios, comienzan una manipulación torticera de la legalidad vigente, y “Donde dije digo, digo Diego” resulta que ahora es un sicótico que manipula, que no esta reinsertado, etc.

La declaración de una profesional, (de una sola) da fuerza al articulo para ofrecer la duda sobre la posible reinserción del individuo, siempre desde el matiz de la psicopatía, que en su día no fue utilizada, quizás de manera correcta para su condena.

Así pues, ahora le toca al sistema jurídico, tratar con su misma vara e medir, al penado, quien a buen seguro, deberá ser puesto en libertad de acuerdo a la propia ley que le condeno. Ya sabemos, que el no entra dentro de los planes de ZP, pero esto es lo que hay.

Insistiré como siempre, y esto se lo debo a algunos ya referenciados, que se creen personas justas, legales y honradas, de lo que mi padre y la vida me han enseñado.

“Ni son todos los que están ni están todos los que son.”